Construyendo el Estado de Derecho en El Salvador, C.A.               27 años junto al Pueblo (Dic - 1988) Diciembre 15, 2017     

El Fenómeno del Transfuguismo Político

Por Dr. Félix Ulloa h.
Presidente de IEJES
 
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Introducción
Cambiar de opinión política o religiosa, así como migrar de un partido político o de una iglesia a otra de esas entidades, son fenómenos que se ven con sospecha y recelo, si no existen causas legítimas y procesos transparentes que lo justifiquen.

Las personas tenemos derecho a cambiar no solo de opinión o de estatus social, sino también de relaciones personales, laborales e incluso de amistades. En eso se fundamenta el principio de libertad individual.

El problema se plantea, cuando el individuo renuncia a parte de esa libertad y decide voluntariamente, integrarse a un colectivo donde las reglas de esa comunidad son superiores a las propias de las personas. Ese paso dado de manera libre y consciente, implica nuevos compromisos y responsabilidades con el grupo que lo acoge en su seno. Por eso la lealtad y sometimiento a esa colectividad son, éticamente, las nuevas pautas que rigen la conducta del sujeto.

Sin embargo, la dinámica de la vida en sociedad, así como la dialéctica de los procesos, puede generar situaciones en las cuales el individuo considere legítimamente, que las condiciones en las cuales aceptó la integración a la colectividad han variado y las nuevas circunstancias no llenan sus expectativas originales, por tanto decide abandonar al grupo. Esa actitud correctamente planteada ante los organismos que rigen la vida de la entidad, son el mecanismo adecuado para salir por la misma puerta ancha por la que se le recibió.

Todos sabemos que ese ideal procedimiento rarísimamente se puede observar. La regla que nos muestra la experiencia es, que quienes abandonan un grupo político, religioso o de cualquier otra naturaleza, lo hacen de manera conflictiva, después de traumáticas  batallas internas o fratricidas, que terminan con ese abandono voluntario por el perdedor o la expulsión humillante del vencido.

El trasfuguismo político

  Independientes
   

Históricamente el fenómeno aparece en España durante la Restauración conovista en el siglo XIX. Modernamente en nuestra región tiene diferentes regulaciones, por ejemplo en Brasil mediante una sentencia del Tribunal Supremo del año 2007 estableció que el cargo obtenido por un diputado en las urnas pertenece al partido y no al individuo. En Colombia el cargo de diputado está relacionado con la bancada o fracción parlamentaria, por lo cual el cambio de partido de parte de un diputado se considera una violación a la Ley de Bancadas aprobada en 2005.

Personalmente me tocó conocer junto a Chuck Costello del Centro Carter, de un caso similar en Panamá donde el cargo de un diputado disidente era reclamado por el partido ante el Tribunal Electoral y éste mediante un Amparo recurrió ante la Corte Suprema para proteger su curul. Nuestra recomendación ante el conflicto de competencia planteado, fue que se respetara la jurisdicción del Tribunal Electoral y se le reconociera el derecho al partido, pues así lo regulaba la Ley Electoral panameña.

En la Ciencia Política y el Constitucionalismo moderno aún resuenan las palabras de Burke, citado al respecto por Jorge de Esteban, cuando señaló “que los Parlamentos no son un congreso de embajadores de los partidos que representan intereses diversos y contrapuestos, sino una corporación representativa que no tiene más interés legítimo que el de toda la nación”. Y es que este fenómeno más común en los sistemas mayoritarios con distritos uninominales, donde el diputado o representante sale electo más por sus cualidades personales que por la presencia del partido, también se observa en sistemas proporcionales como el salvadoreño, con las 14 circunscripciones plurinominales.

Por eso en nuestro caso hemos visto que la mayoría de tránsfugas han actuado en bloque o en grupo. Esta regla pudo haberse roto dada la última elección legislativa de 2012, cuando cada diputado supo su valor en votos, más allá de la acostumbrada votación por la lista cerrada y bloqueada que presentaba el partido y que exigía mas lealtad a la cúpula partidaria que a los electores que votaron por el candidato. Así, el primer tránsfuga de esta legislatura fue el coronel Sigfredo Ochoa Pérez quien iba en el último lugar de la lista, sin ninguna posibilidad de salir electo bajo el sistema de lista, pero que dada la reforma electoral que obligó la Sala de lo Constitucional, salió electo y declaró su lealtad a los votantes que lo eligieron, mas que a la cúpula de su partido que lo había colocado de “relleno”.

El caso salvadoreño actual
El caso que hoy queremos plantear del transfuguismo político en nuestro país, se origina por la migración de políticos (diputados, alcaldes, dirigentes etc.) del partido ARENA, para formar otro partido como fue el caso de GANA, para integrar una nueva fracción legislativa independiente en la Asamblea Legislativa o para sumarse a otro proyecto político como es el caso de UNIDAD.

 
 

Asamblea Legislativa de El Salvador 2012-2015

El tema en cuestión tiene como centro del debate, si las causas de estas defecciones se originan en la crisis de liderazgo al interior de ARENA, como lo señalan la mayoría de disidentes; o, a la compra de voluntades mediante dadivas o dinero como acusan los dirigentes de ARENA.

Al margen de cuál de los dos argumentos es el verdadero, para la sociedad salvadoreña y en particular para nuestro sistema político, el punto medular es cuan extenso es este fenómeno, con qué frecuencia se observa y cuáles podrían ser las medidas correctas a tomar para evitar que sus efectos sean gravemente perjudiciales para el sistema democrático que poco a poco estamos tratando de consolidar.

En ese orden, tenemos que la primera reacción de ARENA, además de la denuncia pública y su intento de judicializar el tema llevándolo a la Fiscalía General de la Republica, pretende también que se penalice como conducta antijurídica mediante reformas legales que convertirían el transfuguismo político en delito y a los implicados en el mismo en delincuentes.

Ante esta pretensión, se le ha recordado a dicho partido que en el pasado, cuando las defecciones se dieron en otros partidos como sucedió en el Partido Demócrata Cristiano cuando surgieron el MAC, primero y UNION después, nadie clamó por su penalización, tampoco cuando del PCN salió PAISA o del FMLN el Partido Demócrata, el Movimiento Renovador y el Frente Democrático Revolucionario; entonces rasgarse las vestiduras y señalar con el índice acusador a factores externos por las deserciones en sus filas en estos días, se percibe como un doble estándar para medir el mismo hecho.

La diferencia podría ser, que en los casos antes mencionados, nunca se acusó de compra y venta de voluntades políticas, ni de otorgamiento de dadivas a cambio de favores políticos para terceros, como es el caso actual. En aquellas ocasiones, los disidentes enarbolaron sendos argumentos políticos e ideológicos que justificaban su defección e inmediatamente surgieron organizados en nuevos agrupamientos políticos. Con la distancia respectiva, podría observarse ese mismo antecedente en el surgimiento de GANA.

Las dudas se plantean cuando se ve el comportamiento de los cinco diputados de la actual legislatura, que con sus votos han modificado el balance legislativo a favor del FMLN, al grado que la última defección de la diputada Claudia Ramírez implicó para ARENA la pérdida del control de la mayoría calificada que poseía, posibilitando al bloque que dirige el FMLN esa ansiada mayoría, necesaria para la aprobación de empréstitos y nombramientos de funcionarios, entre otros ventajas.

La discusión de este fenómeno no pasaría de ser una rabieta política más, que superada la coyuntura electoral perdería trascendencia, si no fuera porque en el fondo de la propuesta se pone en juego la relación democrática entre elector y elegido. Es más, en términos llanos se abre la discusión de quien es el titular de la curul que los votantes escogen, el candidato o el partido.

Es por ello que vale la pena recordar que la Constitución en su art.125 establece que los diputados representan al pueblo entero y no están sujetos a ningún mandato imperativo. Por tanto los partidos políticos no pueden arrogarse la titularidad, menos aún la propiedad, de la curul que ocupa el diputado.
El elector al elegir a quien lo va a representar ante el parlamento, después de la reforma generada por la Sentencia 61-2009 del 29 de Julio de 2010, de la Sala de lo Constitucional, que dio origen al voto directo e individual sobre el candidato y no sobre la lista cerrada y bloqueada que le presentaba el partido, ejerce su cuota de soberanía popular delegando esa misma cuota de representación en el candidato de su preferencia.

Este sistema que funciona en nuestro país, no es general ni único. Primero porque hay sistemas que no se basan en la soberanía popular sino en la soberanía nacional, y segundo porque el fenómeno del transfuguismo tiene diversos tratamientos, desde su tolerancia en algunos países hasta su prohibición en otros.

Condenar moralmente el transfuguismo político per se implicaría acusar históricamente a grandes personalidades históricas como Manuel José Arce que abandonó las filas de los liberales que lo habían llevado a la presidencia de la Federación Centroamericana y se pasó al bando conservador y combatió a Francisco Morazán. Estamos dispuestos a condenar a ese héroe nacional?. Condenaríamos también a Winston Churchill que se cambió varias veces de bando justificando su proceder con esta lapidaria frase: “Nunca he traicionado a nadie que no se haya traicionado antes a sí mismo.” Podríamos  calificar de éticamente incorrecto el hecho de que varios diputados del bloque oficialista lo abandonaran cuando Fujimori dio el golpe de estado en Perú y atropelló las instituciones democráticas y los derechos humanos? Creo que las respuestas son obvias.

En cuanto a penalizar el transfuguismo mediante una legislación ad hoc me parece que tampoco es la solución. Querer retener por la fuerza a quien no comparte más los ideales, principios o programas de un partido, aunque sea solo durante el plazo de su mandato, viola en primer lugar el principio constitucional de que los diputados no están sujetos a ningún mandato imperativo, y en segundo lugar, nunca las gravedad de las penas o sanciones han sido limitantes de conductas antijurídicas cuando el individuo ha decido cometerlas.

Se rumoró que ARENA, previendo las defecciones en esta legislatura, dada la experiencia de los diputados que formaron el partido GANA en la legislatura anterior, hizo firmar a los actuales diputados (no se dijo si cuando eran candidatos o ya electos) un “pagare” por medio millón de dólares ($ 500,000.00) como garantía que no abandonarían el partido o se cambiarían de fracción. De ser cierta esta medida, ya se habría aplicado a los cinco disidentes que hoy forman la fracción legislativa de los Independientes. Pero esta práctica similar a la de la “dimisión firmada sin fecha” que es estilizaba en la Francia de la Tercera República, fue abolida con la Constitución del 30 de Noviembre de 1875.

Para concluir, citamos de nuevo el art. 125 de la Constitución arriba mencionado para recordarles a los promotores de la idea de penalizar el cambio de partido de un diputado electo, que mientras esta disposición no se reforme o modifique, ninguna ley secundaria puede imponer a los diputados y diputadas sujeción coactiva al partido político que lo postuló. La lealtad que los partidos requieren se debe ganar con un liderazgo político capaz de mantener la cohesión del partido mediante la convicción y apego a los principios y no por el miedo o la amenaza.

Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador.
“Junto al pueblo desde 1988.”
07 de mayo de 2013
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