Construyendo el Estado de Derecho en El Salvador, C.A.               27 años junto al Pueblo (Dic - 1988) Diciembre 15, 2017     

Acuerdos de Paz y procesos electorales en Centroamerica.

Ponencia del Presidente IEJES, Dr. Félix Ulloa h, en la Inauguración de la “Reunión Extraordinaria de UNIORE”
 


Dr. Felix Ulloa

Cartagena, Colombia. Los anfitriones del evento, acompañados por la Presidencia de UNIORE, el Director del IIDH y el expositor Dr. Felix Ulloa.

 

I.
Durante el  periodo de la Guerra Fría, en nuestra región –y con la sola excepción de Costa Rica- los sistemas políticos fueron de corte autoritario. Según la taxonomía política de Enrique Baloyra, “…las sociedades centroamericanas pagaron un costo elevado para liquidar sus dictaduras anacrónicas en situaciones de adversidad económica.  Las economías de El Salvador y Guatemala perdieron 20 por ciento del PIB per cápita durante los ochenta.  Las otras tres economías sufrieron las consecuencias de problemas originados en la caída drástica de los precios de sus exportaciones a finales de los setenta”
Por esa y otras razones, la década de 1980 caracterizada por las guerras civiles, se consideró como la década perdida, dada la conflictividad  que vivía la región y las pérdidas  que toda guerra genera para las naciones. Sin embargo, en el nivel político fue un periodo cuasi fundacional que generó procesos que culminaron con la elaboración de nuevas constituciones. Honduras aprobó la suya en 1982, El Salvador, en 1983; Guatemala, en 1985 y Nicaragua, en 1987. A la vez, procesos de diálogo se iniciaron de manera seria y sistemática los cuales, dadas las particulares condiciones de cada país, tuvieron sus propias dinámicas.

Es importante destacar el papel de la comunidad internacional en estos procesos. Primero con iniciativas bilaterales como la Declaración Franco-Mexicana de 1981, que reconoció a la insurgencia salvadoreña como fuerza política representativa; luego con esfuerzos de países vecinos como México, Venezuela, Colombia y Panamá que generaron el Grupo Contadora, hasta el involucramiento directo de Naciones Unidas y finalmente los Estados Unidos de América, una vez terminada la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín en 1989.

Desmontar un prolongado conflicto militar interno no es fácil ni se alcanza en corto tiempo. Los ejemplos en nuestros países reflejan los lustros invertidos en arduos procesos de diálogo y negociación, para alcanzar acuerdos viables y permanentes, que no solo surjan del consenso de las partes sino que también gocen de la aceptación de la sociedad. La participación de la Comunidad Internacional siempre es un factor de legitimidad.

II. Los casos siguientes así lo demuestran:

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Nicaragua.
El proceso se inicia en 1981 con el fallido acuerdo promovido por el enviado de la Administración Reagan, Thomas Enders. Luego en 1982, el presidente de México José López Portillo propone “un sistema de Pactos de No Agresión entre EU y Nicaragua”, pero Reagan lo rechaza. En 1983 surge el “Grupo de CONTADORA”, con México, Venezuela, Colombia y Panamá, que hace público  los 21 puntos para la Pacificación de Centroamérica. 1985 Vinicio Cerezo electo en Guatemala y con su política de Neutralidad Activa desarma la estrategia de Bloque Centroamericano impulsado por Reagan. 1986, electo presidente Oscar Arias, quien propones su Plan de Paz para Centroamérica el cual se materializa con el Acuerdo de Esquipulas II  proclamando como “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica” el 7 de agosto de 1987. Ese mismo año se promulga la nueva Constitución Política en Nicaragua, y en Marzo 1988 se firman los Acuerdos de Sapoá.

El Salvador.
El primer encuentro entre el FMLN/FDR  y el GOES se realizó en el poblado La Palma, Chalatenanfo en1984,  posteriormente se dieron sucesivos encuentros en San Salvador (Ayagualo/Nunciatura) y en otros países de la región, sin éxitos, hasta la Ofensiva Guerrillera “Hasta el Tope”  de Noviembre 1989, la cual demostró la capacidad militar insurgente y obligó a la firma del Acuerdo de Ginebra en Abril 1990, luego a la formulación de la Agenda de Caracas Mayo 1990 que guío la negociación final, hasta el Acuerdo de Chapultepec 1992

Guatemala.
Se inicia el proceso con el “Acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios políticos”. Oslo Noruega 1990. Luego el “Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos” en Querétaro, México 1991 y se logra finalmente el “Acuerdo de paz firme y duradera” firmado en Guatemala 1996.

 

III. Tres generaciones de reformas

Una vez aceptados los procesos de paz que desmontaron las maquinarias de guerra en la región, tanto las que se dieron entre los estados (no declaradas pero activas) por interpósitas fuerzas irregulares, como los conflictos armados internos, que redujeron el papel de los partidos políticos a un protagonismo se tercer orden, éstos han vuelto a cobrar su perfil social.

La confianza que la sociedad le devolvió a los procesos electorales, los cuales se vieron legitimados por actitudes como la entrega del poder por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional “FSLN” después de  su derrota electoral en 1990, y la erradicación de los fraudes electorales en El Salvador; constituyó la mejor oportunidad,  que nunca antes habían tenido, los partidos políticos de la región, para afianzar su papel de intermediarios legítimos y conductos idóneos para la representación popular.

Sin embargo, sus prácticas antidemocráticas, los escándalos de corrupción, la falta de ética en el ejercicio del poder público, su incapacidad técnica para gobernar, dada la ausencia de un Servicio Civil profesional y el abuso en el clientelismo político, su visión patrimonialista del estado, el uso partidario de los programas sociales de los gobiernos, la resistencia a la fiscalización de sus finanzas y su rechazo al principio de rendición de cuentas, son entre otras causas, las que les están haciendo perder ese capital político heredado

Las reformas electorales de primera generación son el resultado de los compromisos de las partes beligerantes y las condiciones generadas por los Estados en las nuevas normativas constitucionales, para garantizar el desarrollo de procesos electorales justos y competitivos.

Ello significaba sustituir a los viejos organismos electorales, incondicionales servidores de las dictaduras militares, por instituciones profesionales permanentes e independientes que aseguraran ese restablecimiento democrático y un ejercicio de procesos electorales limpios y seguros.

Las transiciones democráticas y  las reformas de segunda generación, surgieron con la sistemática realización de elecciones que se legitimaron como el medio idóneo para la disputa del ejercicio del poder político. En ese contexto, surgen organismos internacionales que contribuyen a la modernización y democratización de los marcos normativos y la planificación y ejecución de los procesos electorales. El IIDH con su programa especializado de asistencia electoral CAPEL, generó una política de cooperación horizontal e interinstitucional entre los organismos electorales,  iniciada con la constitución del Protocolo de Tikal en 1985, luego el Protocolo de Quito en 1989 y finalmente la UNIORE en 1991. Organismos multilaterales como Naciones Unidas, OEA y la Unión Europea generaron programas electorales tanto de observación como de asistencia técnica, igual que ONGs internacionales como IFES, NDI, IDEA International entre otros.

Democracias insuficientes y reformas de tercera generación: A pesar de los avances obtenidos en la transición hacia la democracia, América Central se encontró en un momento crítico que urgía de reformas en los sistemas políticos. Las causas de la frustración con los modelos democráticos, entre otras, se le asignaban a las formas en que se ha accedido a la representación, así como al desempeño, no siempre satisfactorio, de los electos.

Una de las razones que se externaron para mostrar este desencanto señalaba la dependencia casi absoluta del ejercicio de la política en relación con el dinero. Era innegable la influencia que los grandes contribuyentes ejercen en los resultados electorales, con las consecuencias por todos conocidas. También hubo quejas por el uso indebido de recursos del estado, por la falta de transparencia y publicidad en las finanzas partidarias, por la ausencia de límites en los gastos electorales que encarecen la política y arriesgan la equidad en la contienda electoral, etc. Igual desencanto genera la ausencia de reglas y prácticas democráticas al interior de los partidos. A los medios de comunicación social también se les cuestionó su independencia e imparcialidad.
Frente a estas insuficiencias se plantea el mejoramiento de los marcos institucionales para asegurar canchas niveladas y reglas claras, afinar los controles del financiamiento político, especialmente el de origen privado, obligar a los partidos a modificar sus estatutos adoptando reglas que garanticen la democracia interna, y  también la  incorporación de nuevas tecnologías a los procesos eleccionarios.

 

IV. La Jurisdicción constitucional:

El momento actual nos sorprende cuando los titulares de estas reformas, que son los Congresos, Asambleas Nacionales o Parlamentos, se resisten –por instrucciones de los liderazgos partidarios- a implementar tales reformas. Es entonces que la nueva ciudadanía mejor informada y empoderada de sus derechos, acude a la institucionalidad y activa la jurisdicción constitucional para hacer valer sus derechos. El caso salvadoreño es el más emblemático, donde desde la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se ha impulsado reformas electorales que los legisladores se negaban a aprobar.

No es lo deseable que desde la justicia se modifique el sistema político, pero es el recurso que queda a los ciudadanos como dice el reporte de Latinobarómetro: “Al no sentirse los ciudadanos representados por el sistema de partidos se produce una dispersión en muchos casos mucho más allá de lo razonable, de los grupos que intentan representar, que lejos de ser un síntoma de anarquía, es un síntoma de demanda democrática y de cambios por la vía de las reformas y no de la revolución” 28/X/2011
Intentamos el cambio revolucionario durante las décadas de los 70 y 80 ahora en el siglo XXI ensayamos con más éxito la vía institucional de la reforma.

 

V. Lecciones aprendidas y desafíos.

Los partidos políticos tienen el desafío de sustituir los viejos liderazgos del pasado, esos que aún viven en la época de la Guerra Fría y mantienen nostálgicos el conflicto ideológico que polariza la sociedad, paraliza el desarrollo y entumece la democracia. Si no aprendimos como dice Popper en su Teoría del Error Fecundo, de los errores del pasado, volveremos a repetirlos.

Nuevas ideas y rutas nos indican el camino para fortalecer las democracias de este nuevo siglo. El jus filósofo italiano Luigi Ferrajoli (sucesor de Bobbio) nos indica con claridad  algunas de las medidas que se deben asumir para garantizar la calidad de la representación política, que como vimos antes, contagiada por la plutocracia, el clientelismo y la mediocridad, representa la más grande amenaza para la democracia representativa actual. Entre esas garantías solo resaltaré tres que  a mi juicio son las más urgentes de ser atendidas:

  1. La creación y fortalecimiento de Instituciones electorales de garantía (autoridades electorales permanente, profesionales, imparciales, independientes políticamente y autónomas)
  2. La democratización interna de los partidos (limitando la concentración de poder en sus cúpulas y la verticalidad en la toma de decisiones, así como la alternancia periódica en sus órganos de gobierno)
  3. La separación entre partidos e instituciones ( a fin de evitar el clientelismo, el nepotismo, la visión patrimonial del estado y tener a sus instituciones como botín)

 

V. El sueño de Bolívar

El Libertador planteó en el Discurso al Congreso Constituyente de Bolivia de 1826, la necesidad de un Cuarto Poder en la nueva República, EL Poder Electoral y lo desarrolló ampliamente. Hagamos realidad ese sueño, fortaleciendo los Sistemas Electorales, los Procesos Electorales, las Autoridades Electorales, las Jornadas Electorales y principalmente los Sujetos Electorales, sin perder de vista su sabia advertencia en el histórico Discurso de Angostura donde nos alertó de esta manera:

«Cuando deseo atribuir al Ejecutivo una suma de facultades superior a la que antes gozaba, no he deseado autorizar un déspota para que tiranice la República, sino impedir que el despotismo deliberante no sea la causa inmediata de un círculo de vicisitudes despóticas en que alternativamente la anarquía sea reemplazada por la oligarquía y por la monocracia.

La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado, que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente".

15 de Julio de 2015
Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador.
“Junto al pueblo desde 1988.”
 
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